Somos Todos Iguales - Ekesh Barrio Nahuel Hue, Vuriloche

Entre les murs (Entre los muros) - Película completa subtitulada

PourQuoi? OUKA LEELE expandir la voz de Caddy Adzuba.

Beatriz Pichi Malen - Canción para dormir a un niño

junto a alumnas y alumnos, en el tercer festival de poesía en la escuela, pude realizar con la artista visual analía gomez camacho, un taller sobre la poeta marosa di giorgio

Taller con Marosa di Giorgio y los pintores surrealistas. 

Experiencias perturbadoras… porque nos “salimos” de la escena escolar. Salimos aún adentro. En esta aula se enseña, por ejemplo y en mi caso, Cívica. La asignatura para formar ciudadanía. Los chicos escolarizados brevan en la Constitución Nacional. Es tercer año. Los chicos son alumnos y alumnas, la adulta es una profesora. Cuando en este espacio irrumpe un Festival, otras vivencias están autorizadas. Se puede pintar en vez de tomar nota en la carpeta. Se puede manchar un banco por descuido y nadie sanciona. Se puede hablar en clase. Se puede reír y cambiar de lugar, y caminar. Hay libros de poetas y pintores. Los adultos pueden ser artistas. Los alumnos pueden convertirse en artistas. Releen fragmentos de ‘Los papeles salvajes”. ‘Así veo en qué me hace pensar”, dice alguien, fue la sugerencia. Otros adolescentes agarran una imagen con la fuerza de la imaginación y no la van a soltar hasta el final del taller. Las mariposas no se escapan, y los ángeles tampoco. “¿Una oruga es lo mismo que un gusano? ¿Hay transformación?”. “Una madre está cerca”. “Hay una palabra oscura. Hay una palabra cercana”. Todos hijos e hijas. Y el verde de las hojas, con tela.  Buscar como quién investiga el Universo. Des-pegar. Pegamento para el papel negro (Es la palabra oscura, me digo. Y yo que no lograba visualizarla). Analía va y viene. Ana toma fotografías. Las manos, las protagonistas. Remueven la témpera. Azul y blanco. Esos colores, exigen. Con voz firme. Las bocas rojas recortadas. Las nubes demasiado así, mejor, por qué no las hacen así. Los ángeles calzan botas negras. p A R A Í S O. Remarcar la pé. No. “Bueno, que se lea de lejos ARAÍSO, entonces”. Entre el cielo y la tierra marosiana. Las conversaciones con la fauna y la vegetación y los objetos dejan de ser inertes. Los dioses nos asistan cuando la razón no prima sobre nadie. Al comienzo del taller, alguien dice que soñó que alguien mataba a otro. “Viene la policía, ¿no profe?”. En nuestras mentes está todo. Y podemos soñar crímenes y no viene la policía. Aunque estamos muy vivitos y coleando. Ya sabemos, esto, no es una clase de Cívica. Es alguna otra cosa, y por esta vez. En el Festival de Poesía.

Para el FESTIVAL DE POESÍA EN LA ESCUELA, coordinado por Marisa Negri y Alejandra Correa. Ana Adjiman, coordinadora del área de Talleres Visuales del Festival. La artista visual Analía Gomez Camacho y yo, realizamos el taller al que hace referencia el texto, con chicos y chicas de un Tercer año, del Liceo 1.

Por Catalina Boccardo, año 2012. Agradecida por estos momentos con mis alumnos y alumnas, para toda la vida, a sus responsables.

Revolucion virtual 4 de 4 - Homo interneticus.2010.

Rafeef Ziadah - "Nosotros enseñamos vida, señor"

crímenes sobre los que se construyó nuestro Estado

lUNES 10 DE OCTUBRE 2011


DIALOGOS › LA ANTROPOLOGA DIANA LENTON, A PROPOSITO DE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE

“El Estado se construyó sobre un genocidio”
Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.






Por Darío Aranda


–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?

–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.

–Existen sectores que aún niegan que haya sido un genocidio. ¿Qué pruebas dan cuenta de que sí lo fue?

–Las ciencias sociales no tienen un concepto analítico acabado. Desde el campo jurídico internacional sí, lo provee Naciones Unidades en 1948 para juzgar los crímenes del nazismo. Esa definición habla de distintos elementos. Es genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir a un pueblo. Otra característica es impedir la reproducción de ese grupo y también el robo de niños, cuando son secuestrados y entregados a familias de grupos dominantes, y se les reemplaza los nombres, porque así se atenta contra la continuidad de ese pueblo porque se le roba la memoria.

–¿Qué hechos concretos hubo?

–Matanza de población civil. Algunos tienen la imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro. La característica de la campaña de Roca es que está principalmente dirigida a la población civil. Las memorias del comandante Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y niños que quedaron cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para llevarse el botín, sobre todo el ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a los indios a rendirse. Son operaciones contra la población civil, donde mueren mujeres y niños, o eran enviados como mano de obra esclava para el trabajo doméstico urbano o para la agroindustria, caña de azúcar y viñedos. También se cumplen otros elementos de genocidio, el someter a la población a condiciones que acarreen daño en su subsistencia, que pueda provocar enfermedad o muerte, y eso implicaron los traslados de la población sometida a campos de concentración.

–Ustedes dan cuenta de que el diario La Nación lo llamó crímenes de lesa humanidad.

–Mitre decía que lo que hacía Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, eran crímenes de lesa humanidad porque se fusilaban prisioneros desarmados y se tomaban prisioneros a mujeres y niños. Para un sector del espectro político no era lo correcto, incluso Mitre, que no era nene de pecho, que tuvo responsabilidad en la guerra del Paraguay con episodios espantosos, sin embargo estaba asombrado, no criticaba que se hiciera la Campaña, sí cuestiona que un gobierno estuviera minando su propia legitimidad al desoír lo que eran avances de la civilización.

–También hubo campos de concentración.

–Hubo campos de concentración en Valcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. Son todos lugares donde se encierran a las personas prisioneras sin destino fijo. La autoridad militar era la dueña de la vida y muerte de ellos. La idea era de depósito porque iban a ser distribuidos. Eran prisioneros y esclavos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios, de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaba. Hay pruebas de la violencia, cartas entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones a las que estaban sometidos, ahí está también el genocidio. Y también había suicidios por el trauma social al que estaban sometidos. Los padres sabían que les quitaban a sus hijos, lo veían y decidían matarse. O mujeres que se tiraban al agua con sus hijos. En Valcheta hay documentos donde se describe que no se les daba alimentos y morían de hambre.

–¿Qué documentos existen?

–Existe mucha documentación oficial para discutir la historia impuesta. Los archivos oficiales, Archivo General de la Nación, la Armada, los archivos de las provincias. Y archivos privados de personas, de militares que han escrito cartas. También documentos de la Iglesia: de ahí surgen datos de cientos de chicos destinados a Jujuy y Tucumán. Quedan claras las edades de servicio doméstico, chicos desde los 2 o 3 años y hasta los 8. Los adultos que eran destinados al cañaveral y morían con sus familias, eso también es parte del genocidio.

–¿Hay cifras?

–El Poder Ejecutivo decía para 1879 que se habían trasladado 10 mil prisioneros de lo que era la frontera, se estaba recién en la zona norte de Patagonia, para trabajar hacia el Norte y Mendoza, industrias, servicios doméstico y Martín García. Para 1883, un informe oficial ya dice que son 20 mil. En el Chaco son cifras mucho mayores.

–¿Por qué la campaña militar al Norte no es tan conocida?

–No ha habido una manera sistemática de presentar la historia y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes, hemos aprendido que el Estado o territorio actual se completa con Roca, y él estuvo en el Sur.

–Suele justificarse la violencia con que “hay que situarse en la época”, como si fueran normales esas campañas militares.

–Algunos senadores como Aristóbulo del Valle, quizá la voz más clara contra la Campaña, preguntaban cuáles habían sido los resultados de la campaña al Sur y se decía que esos territorios no están incorporados al trabajo. Era el momento que se estaba rifando territorio, como dijeron en esa época observadores militares, no era para los pioneros ni para los agricultores, como se había prometido, sino para latifundistas. Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo esclavo. No había, decía, ni avance económico ni cívico. Incluso hubo oposición de sectores de las elites.

–Igual se realiza.

–Se hace y es un fracaso desde el punto de vista militar. Hacia 1884 lo que consigue el general Victorica, que estaba al frente como ministro de Guerra, es derrotar a los principales jefes, pero no consigue ocupar el territorio. Eso recién pasará hacia 1911. No consigue ocupar porque el Chaco estaba mucho más densamente poblado por pueblos indígenas y con una variedad de pueblos, de lenguas y culturas distintas.

–¿Fue igual de cruenta que la del Sur?

–Sí, no sólo fue igual sino que esa operativa de secuestrar chicos, atacar mujeres, se extendió hasta avanzado el siglo XX; aun hoy todas las comunidades tienen recuerdos de los chicos robados por el Ejército.

–¿Cifras?

–No las tenemos, estamos trabajando, pero las víctimas superan ampliamente las cifras de la Patagonia. Y hay otros sectores del país donde tampoco se sabe mucho.

–¿Por ejemplo?

–Cuyo y la Puna. Estamos comenzando a trabajar lo que fue la Campaña a la Puna, que se conoció como Campaña al Susques, que se da por terminada en 1874, con la batalla de Quera. Aparentemente lo que más hubo fueron fusilamientos masivos que acabaron con la resistencia, lo que se llamó la Pacificación de la Puna, fusilamientos masivos durante 1874 y 1875.

–En Cuyo hubo campos de concentración...

–Sí, por la campaña al sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde tomaron gran cantidad de familias prisioneras, que fueron utilizadas en la industrias de la vendimia en lo que hoy es Malargüe. La persona que más sabe es Diego Escolar, que vive allá, tiene muy documentado y cuantificado no sólo los prisioneros sino también la cantidad de chicos que eran enviados solos a la vendimia para trabajar para siempre, no iban y venían.

–¿Roca es sólo un símbolo o el responsable?

–Roca fue responsable del genocidio. Tuvo posibilidades de otro tipo de política. Hay pruebas de que él se informó con un enviado de su confianza en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las reservas. Y estudió también a los franceses en Argelia. Decidió el modelo francés porque decía que el modelo de reservas era muy costoso. Hubo campañas militares anteriores, pero la de Roca fue la más sistemática y que tuvo un objetivo más declaradamente genocida. Hay declaraciones de Roca sobre destruir hasta el último indígena. Su discurso de asunción de la presidencia festeja que no cruza un solo indio la pampa.

–Es conocida la postura de los intelectuales de la derecha sobre Roca y los pueblos originarios. ¿Y la mirada de los intelectuales de izquierda o progresistas?

–Hay cierto progresismo que se construyó sobre el paradigma que dio lugar al genocidio y a una noción de la Argentina sin indígenas. A gran parte de los intelectuales no les importan los pueblos originarios. Se ha construido una idea de progresismo que puede ignorar a los pueblos originarios como si no existieran y tenemos una izquierda que ha ignorado las luchas indígenas, por eso todo es mucho más difícil.

–¿Por qué el genocidio sigue pareciendo algo sólo de la dictadura y no también algo que afectó a los pueblos originarios?

–Porque cuesta a gran parte de los argentinos considerar la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia argentina. Tiene directa relación con asumir si es algo que les pasó y pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros.

–El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le agrega el factor de la clase social afectada.

–Sin duda tiene que ver la clase social víctima, pero sobre todo hay una mirada racista dentro de lo que es el sentido común argentino. La sociedad argentina es racista respecto de los pueblos originarios. Se piensa que lo que sucede con otras personas no es tan importante, por eso hay dolores que no nos conmueven y otros que sí. Para mucha gente un campo de concentración se define como tal cuando ahí adentro hay gente que se parece a mí, si no, no es un campo de concentración.

–¿De ahí la negación del genocidio?

–Tenemos un paradigma donde la palabra “genocidio” se puede aplicar cuando a mí me importa, cuando mi grupo de pertenencia es el afectado. Y la mayor parte de la intelectualidad, de la gente que construye teoría y construye consenso social en estas situaciones, compartimos un sistema cultural de pertenencia. Hasta tanto no podamos siquiera entender el dolor de los otros y sentirlo como el propio, no hay interculturalidad posible. No hay forma de dialogar.

–¿Interpreta continuidades de las campañas militares a fines del siglo XIX y la situación actual de muerte por desnutrición en Chaco, Misiones y Salta, o por represión en Formosa?

–Los pueblos originarios son víctimas de un genocidio que aún no terminó. Por eso como Red hablamos de que en la Argentina existe un proceso genocida de los pueblos indígenas porque no le podemos encontrar la fecha de finalización. No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios.

–No existió un “Nunca más” para los pueblos originarios.

–No hubo fecha de finalización. No hay ni hubo una instancia de reparación. ¿Cuál sería la instancia autorizada si queremos hacer juicios? Porque el Estado es el mismo Estado genocida. La única manera para poder realizar algo similar a los juicios de la dictadura es que también esté integrado por pueblos originarios.

–¿Lo cree posible?

–Hoy en día hay un movimiento importante de pueblos originarios que no había hace diez años, y en algún momento se va a dar. No puede ser la misma sociedad genocida la que lleve la acusación; lo que sí puede hacer la misma sociedad genocida es movilizar la posibilidad de generar un cambio interno.

–¿Por qué “sociedad genocida”?

–Porque hay procesos que se siguen produciendo. Si bien hay una apertura muy importante para la inclusión de los derechos específicos de los pueblos indígenas dentro de los derechos humanos, la actitud del Estado hoy en día no es la misma que se tenía hace diez años, hay un cambio positivo. Pero cuando esos derechos reconocidos de los pueblos originarios confrontan contra intereses económicos, ya sea del Estado o de particulares, siempre se atenta contra los pueblos originarios.

–¿Por ejemplo?

–El Estado sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, entonces el derecho indígena se cae. El mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos por otro lado los hace callar con la violencia que sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.

–¿Cómo se entiende esa contradicción?

–Por eso digo que la sociedad no terminó aún de ser genocida con los pueblos originarios. Porque frente a estos dos parámetros en conflicto automáticamente le da la razón al paradigma económico.

–¿La sociedad o el Gobierno?

–Van uno con el otro, es un ida y vuelta. El paradigma económico es el que se constituyó junto con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad de ese paradigma. Si bien hay espacios de apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma racista, donde tenés derecho a decir lo que quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.

–Es la economía...

–Cuando lo que está en juego son intereses económicos, siempre se atenta contra los derechos indígenas, con leyes que debieran respetarse.

–Las campañas militares tuvieron una matriz económica, una decisión política y una complicidad o al menos una indiferencia de la sociedad. ¿Observa paralelos?

–Es muy similar. ¿Cómo se definió el avance económico a fines del siglo XIX? Se decidió por la apertura de nuevos terrenos para la explotación intensiva junto con nuevas tecnologías que tenían que ver con el manejo de la ganadería, alambrados, nuevas técnicas que acompañaban la inclusión de territorios para el mercado exportador. Y ahora estamos viviendo lo mismo, la soja es exactamente eso. La nueva tecnología y la incorporación de nuevos territorios que antes estaban libres, donde había comunidades que podían vivir.

–El petróleo y la minería repiten la misma lógica.

–Lo están padeciendo, entre otros, los mapuches en zona de meseta. Cuando las comunidades se habían establecido en la meseta, ese lugar no era objetivo de explotación; ahora sí. Hoy sufren un acoso tremendo e ilegítimo de parte de mineras y petroleras.

–Hay un argumento legitimador que se repite: el progreso.

–Sí, hoy es el desarrollo, como una utopía de la sociedad occidental, pero el problema es que se establecen como si fueran características que pudieran tener sólo la sociedad occidental y los otros no, y que además son a costa del vivir de los otros. El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es tan importante como para avalar que el avance petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del grupo de pertenencia dominante.

–Usted afirma que el genocidio aún no tiene fecha de finalización, mientras los pueblos originarios se organizan y luchan.

–Sin dudas, hoy han ganado visibilidad como nunca antes y tiene directa relación con la organización y los conflictos que enfrentan en los territorios. Por eso siento mucho respeto por los dirigentes e intelectuales indígenas, sé que hay diferencias como en cualquier espectro político, pero tengo un gran respeto porque tienen que tener mucha decisión y coraje, ya que están haciendo un trabajo de concientización, de educación política a todo el resto de la sociedad. Ser dirigente indígena sigue siendo profesión de riesgo, sobre todo en algunos provincias, porque es muy probable que vayas preso o te maten por defender el territorio. Nunca hay que olvidar que son pueblos que sufrieron un genocidio, pero se mantienen vivos




FUENTE: PÁGINA 12

violencia de género. una joven originaria.

Plazo contra la violencia de género
La joven fue violada por tres “criollos” en un pueblo del Impenetrable chaqueño. Maltratada por la policía, el médico y la Justicia, finalmente su reclamo llegó a la ONU. El Comité de DD.HH. emplazó al Estado a que tome medidas para evitar nuevos casos.



Por Mariana Carbajal

Cuando tenía 15 años, L.N.P., una adolescente de la etnia qom de un pequeño pueblo chaqueño del Impenetrable, fue violada por tres jóvenes “criollos” del lugar. A pesar de que la amenazaron para que se callara, ella hizo la denuncia. Pero la delegación policial local demoró en tomarla y la envió luego a un centro sanitario donde sufrió severos malos tratos. Durante el proceso judicial, se investigó especialmente su experiencia sexual previa. Y tomando como uno de los fundamentos que la chica no era virgen al momento del ataque, un tribunal de la ciudad Presidente Roque Sáenz Peña absolvió a los acusados, en una causa plagada de prejuicios de género y discriminación racial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de dictaminar que en ese caso se violaron los derechos humanos de la joven. Y le indicó al Estado argentino y en particular al gobierno de Chaco que tienen la obligación de implementar medidas para que no se repitan atropellos similares, en particular, asegurar el acceso de las víctimas de violencia, incluidas las agresiones sexuales, a los tribunales en condiciones de igualdad.

“Entre las reparaciones hemos exigido capacitación en género al Poder Judicial; creación de servicios de atención a víctimas de violencia con personal capacitado, y otras medidas. Algunas se han implementado pero de manera parcial y acotada mayormente a la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un país federal, con 24 provincias y todas las mujeres tienen derecho a disfrutar de esos servicios”, explicó a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, directora de Insgenar, una de las entidades que acompañaron a L.N.P. en su demanda ante el Comité de la ONU. La denuncia fue presentada en 2007, tal como informó oportunamente este diario. El CDH es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte.

La muchacha pertenece a una familia qom muy pobre, que vive de la fabricación artesanal y venta de canastos. En el dictamen, el CDH analiza en profundidad cada derecho violado por el sistema judicial durante la investigación del hecho denunciado por la adolescente y los estereotipos utilizados en el proceso. “Nombrar los estereotipos es importante para identificarlos y erradicarlos”, destacó Chiarotti.

Después de ser violada, la adolescente concurrió sola, con la ropa manchada de sangre, a la comisaría del pueblo a realizar la denuncia. La hicieron esperar alrededor de tres horas de pie y llorando. Hasta que la derivaron a un puesto sanitario donde tuvo que esperar varias horas más hasta ser atendida. La chica contó que el médico le hizo “tacto sobre la herida, lo que le produjo intenso dolor” y luego le revisaron la vagina, cuando había denunciado que la penetración había sido anal. El CDH dictaminó que la espera extensa en la policía y en el centro de salud, y la manera en que fue revisada por el médico forense, constituyen “trato cruel, inhumano y degradante”. Además, cuestionó que la sentencia de la Cámara en lo Penal de Presidente Roque Sáenz Peña –que absolvió a los acusados– centró su análisis del caso en la vida sexual de la víctima y en determinar si era o no “prostituta” y usó como argumento que no era virgen para establecer su consentimiento al acto sexual.

En ese sentido, el CDH aclaró que está prohibido investigar la experiencia sexual previa de una mujer en un caso de violencia de género, especialmente de violación, porque, entre otros aspectos, atenta contra su intimidad y vida privada, subrayó Chiarotti.

El ataque sexual que sufrió L.N.P. ocurrió el 3 de octubre de 2003 en la localidad de El Espinillo, a 400 kilómetros de Resistencia. Los tres “criollos” la amenazaron para que no los denunciara. No era la primera vez que ocurrían hechos similares con chicas y mujeres tobas violadas por hombres “criollos”, pero habitualmente se silenciaban y quedaban también impunes “por la prevalencia de una mentalidad racista”, señalaron los representantes legales de la joven en su demanda ante la ONU. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vivía L.N.P. El juicio lo llevó adelante la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a unos 250 kilómetros de la casa de la muchacha. Aunque se probó el acceso carnal por la fuerza, los tres acusados terminaron absueltos en 2004. En el fallo, los jueces de la Cámara consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. Las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, que fue reconocida por el autor y constatada por el médico, que suele producir mayor desenfreno”. La familia de L.N.P. nunca fue notificada. Y recién se enteró dos años más tarde.

Mientras se tramitaba la denuncia en la ONU, las entidades demandantes comenzaron a negociar con el gobierno de Chaco una serie de medidas reparatorias por el daño sufrido por L.N.P. La mayoría se cumplieron, entre ellas, una indemnización de 53 mil dólares, una pensión vitalicia, y una vivienda. Además, el 23 de abril de 2009, el gobierno chaqueño, en un acto público sin precedentes, le pidió perdón a la joven. A nivel nacional, una de las medidas reclamadas por las entidades también se cumplió: la sanción de una Ley Nacional Integral sobre Violencia contra las Mujeres, que aprobó el Congreso en 2009 y fue reglamentada por un decreto presidencial en 2010. Pero queda pendiente la implementación de medidas en todo el país para que ninguna otra mujer pase por una situación similar al denunciar una violación. El CDH le dio 180 días al Estado para cumplir con ese compromiso.




FUENTE: PÁGINA 12/ SOCIEDAD LUNES 26 DE SETIEMBRE 2011

La Noche de los Lapices HIJOS ZONA SUR

violar niñas wichis en la provincia de formosa, le dicen "salir a chinear"

Viernes, 9 de septiembre de 2011

VIOLENCIAS

Salir a chinear
Dos niñas wichí fueron violadas por más de un hombre el último fin de semana en dos pueblos cercanos del oeste de Formosa donde el “chineo” es una práctica habitual y en algunos parajes hasta sistemática, realizada –según denuncian desde la comunidad– “por varones criollos, pudientes o pobres”, que salen a “ramear” de los pelos a una “chinita” y violarla entre varios. La impunidad y el miedo protegen a los agresores antes que a las víctimas, que muy pocas veces pueden completar las denuncias y en menos casos aún estas denuncias llegan a convertirse en casos judiciales.


Por Roxana Sandá

Las noches de Ingeniero Juárez y El Potrillo, pueblos de Formosa donde llegan con mayor rapidez las patas de las gallinas que el agua potable, son oscuras a conciencia. De la institución local, “para ahorrar energía”. De los habitantes más empobrecidos “porque no hay tendido eléctrico o porque donde hay lo cortan si no pagamos lo que nos exigen”. Este fin de semana, la oscuridad cómplice facilitó la violación de dos niñas wichí, de 11 y 14 años, que habitan esos pueblos. “Fueron los criollos”, denuncian los voceros de la comunidad aborigen de El Potrillo, “quienes obligaron a tomar gasoil” a la primera, para “marearla y violarla entre siete”. A la otra la sometieron durante las celebraciones del Día de la Mujer Indígena, “entre diez o catorce; no recuerda”, en la escuela donde estudia, frente a la comisaría del lugar, para dar a entender sin medias tintas el espesor de la impunidad.

Los ataques sexuales ocurrieron en momentos que la Comunidad Wichí Barrio Obrero, de Ingeniero Juárez, había tomado el Centro de Integración Comunitario (CIC) del lugar, que reclaman como propio, y exigido el retiro de los representantes actuales con mandato vencido, para poder nombrar “autoridades legítimas”.

Uno de los referentes de la toma, Agustín Santillán, detalló a este suplemento que desde el 31 de agosto, cuando iniciaron la toma pacífica del CIC, se intensificaron las amenazas que sufren desde hace años. “Nos persiguen, nos conminan a que no accedamos ni a la electricidad ni al agua, por lo que nuestra comunidad tiene que beber de un dique contaminado, donde los vecinos tiran sus residuos.” Santillán dijo que “ahora estamos más tranquilos porque la policía no intentó volver a sacarnos del lugar, como los primeros días. Deben comprender que no pueden usurpar nuestra asociación civil”. Unas 3000 personas componen ese territorio de 6000 hectáreas donde, aseguran, “los criollos reciben beneficios productivos con anuencia de las autoridades locales, mientras que la comunidad se desintegra por la tuberculosis, la desnutrición, las pagas miserables de sus artesanías y la violencia sistemática contra niñas, niños y mujeres”.

Las sombras del anochecer que el domingo último unían el camino entre la despensa y la casa de El Potrillo donde vive la nena de once años junto a su abuelo y sus tres hermanas mayores no dejaron resquicio para el auxilio. “La mandaron a comprar pan”, explicó la traductora de la comunidad, Ana Mariño, cuando actuó como intérprete de la niña, que sólo habla en su lengua originaria. Unos siete adultos la toparon, no lograron convencerla de seguirlos, la arrastraron hacia una oscuridad mayor a la del entorno, la obligaron a tomar gasoil, la marearon, la intoxicaron y la golpearon. “Ella no recuerda muy bien lo que sucedió después, pero el examen médico reveló que la habían violado repetidas veces.”

La encontraron gracias al aviso de unos vecinos, en un punto indefinido del mismo campo que rodea las viviendas, desmayada, con lastimaduras en el cuerpo, la ropa arrancada, las manos aferradas al aire. La trasladaron de urgencia al Hospital Eva Perón, de Ingeniero Juárez, a unos 130 kilómetros de distancia, pero la gravedad de su estado obligó a la derivación al Hospital La Madre y El Niño, de la capital formoseña, donde también le realizaron el examen forense.

Su abuelo y sus hermanas radicaron la denuncia en la comisaría y ante el juez, aunque la investigación del caso no avanza. “Así es como vivimos: no tenemos a quién recurrir cuando pasan estas cosas”, lamentó Mariño. “Estas injusticias las padecemos desde hace tiempo, pero cuando exigimos que se investigue no pasa nada. Son innumerables los casos de agresión sexual contra las jóvenes wichí y contra las propias criollas.” Llámese El Potrillo o Ingeniero Juárez, la violación de mujeres es moneda corriente, “pero por la distancia, la pobreza, el desconocimiento o el miedo, los violadores no son denunciados”. En diciembre, otra niña wichí quedó embarazada producto de una violación, pero sus padres decidieron silenciarse “porque no tienen medios económicos para afrontar el hecho y por miedo a que los maten si hablan”.

El viernes pasado, la Escuela 438 de la Comunidad Barrio Obrero, de Ingeniero Juárez cerró sus puertas a eso de las 20. En el edificio con capacidad para enseñanza primaria y secundaria amplia, con alumnos de hasta 24 años, conviven criollos y originarios. La salida siempre es numerosa, las voces acompañan varias cuadras a los que viven lejos. Nadie se explica cómo pudieron retener y violar a una adolescente de 14 años en el mismo predio, con el edificio de la comisaría enfocando desde enfrente. Dos obviedades: la chica está shockeada. No quiere volver a la escuela.

Agustín Santillán pudo averiguar “que la agarraron entre diez o catorce criollos”, que cree que los varones son alumnos de ese colegio, que al cabo del ataque ella huyó desesperada a la guardia del Hospital Eva Perón, donde le extendieron un certificado a desgano, bajo un diagnóstico inaceptable de “lesiones leves”, que ni la chica ni su familia van a reclamar “porque los que la atacaron le avisaron que si dice algo, la matan”. El médico “que la atendió y constató lo que le había sucedido puso cualquier cosa, pero esto siempre pasa porque nos discriminan, sin vueltas”.

La antropóloga social Ana González describe “el chineo”, una práctica habitual y en algunos parajes hasta sistemática, que es realizada “por varones criollos, no indígenas, pudientes o pobres, que salen a ‘ramear’ de los pelos a una ‘chinita’ y violarla entre varios (...)”. Se manifiesta como una pauta del Oeste provincial tan arraigada, que es vista como pasatiempo juvenil antes que como práctica denigrante hacia las víctimas.

Dice González en una columna publicada en este diario, que “la impunidad con que se mueven los agresores está, las más de las veces, apañada por diversos agentes estatales locales y por la sociedad no indígena misma. Cuando las víctimas intentan denunciar, se las hace callar con un chivo o una vaca. Si no acepta, ella y su familia sufrirán amenazas y agresiones violentas. El silencio no es ‘costumbre’, es simplemente una brutal disparidad de poder, de imposibilidad de poder hacerse oír por las instituciones que tienen la obligación de proteger derechos humanos, pero muchas veces reproducen el racismo y la discriminación estructural. El silencio es desamparo y desprotección, es dolor y humillación contenidos, no sólo de las mujeres indígenas, sino de toda su etnia, de toda la comunidad”.

No es ocioso agregar que aún no hallan a los autores de las violaciones de Ingeniero Juárez y El Potrillo. Tampoco concluir que en ese tablero, niñas, jóvenes y adultas de los pueblos originarios han sido históricamente oprimidas e invisibilizadas por su triple condición de mujeres, pobres y aborígenes.



FUENTE: PÁGINA 12/ LAS DOCE

La Mala Educación Chilena

Robo Bebés: Médico civil confirmó la presencia de secuestradas...

Robo Bebés: Médico civil confirmó la presencia de secuestradas...: "Testimonió el ginecólogo Eduardo Alberto Pellerano que actuó en el Hospital Militar. “Me haría mal si fuesen absueltos” En el marco del juic..."

Pueblos originarios - 2 - GUARANIES II - Lo que es nuestro

Cuerno África. Denuncian el traslado de refugiados somalíes a un nuevo campo sin "servicios mínimos"#.Ti8yCSJFdB0.facebook#.Ti8yCSJFdB0.facebook

Cuerno África. Denuncian el traslado de refugiados somalíes a un nuevo campo sin "servicios mínimos"#.Ti8yCSJFdB0.facebook#.Ti8yCSJFdB0.facebook

la denominada "conquista del desierto", como genocidio.

domingo 24 de julio de 2011


POLITICA

Durante la "Conquista del Desierto" del siglo XIX hubo apropiación de bebés


María Alicia Alvado
Entre los sucesos no contados de la llamada “Campaña del Desierto” y las consecuencias sufridas por las poblaciones originarias, está quizás uno de los trazos más oscuros de la historia de la consolidación de la Argentina como Estado-Nación.


Se trata de la separación de niños indígenas de sus padres, su reparto y apropiación y el cambio de identidad para ser incorporados como mano de obra forzada en las ciudades del país, según la investigación de Walter Delrio, historiador y antropólogo.

Delrio se dedica a develar éste y otros aspectos de lo que considera el “genocidio” contra los pueblos originarios ocasionado entre 1879 y 1895, quien es profesor universitario y co-director de la Red de Estudios Sobre Genocidio en la política indígena argentina.

Si bien admite que hay continuar investigando sobre la apropiación de menores indígenas tal como se dio a fines del siglo XIX y que la característica de esta práctica es muy diferente a la que ocurrió durante la última dictadura militar, “lo que podemos entender es que en ambos casos existe una apropiación de niños como consecuencia de una política de Estado”.

“Una política de Estado que involucra no sólo a instituciones sino a una sociedad civil que acompaña ese proceso”, afirmó a Télam tras participar del panel “Apropiación de menores en experiencias genocidas” en el marco de la IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de Investigadores sobre genocidio organizada por la asociación y la Universidad de Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Delrio sostiene que, hasta hace muy poco, éste era un “no tema” para la historiografía argentina, por lo que los historiadores deben volver con nuevos ojos a las fuentes con las que se construyó la “memoria oficial” sobre el período, que aluden tangencialmente a este tema, tales como las crónicas salesianas, los artículos periodísticos y los registros públicos.

“En los documentos de la orden salesiana en la Patagonia o los franciscanos en Córdoba, lo que podemos encontrar son menciones al trabajo de evangelización, pero en el relato no está involucrado qué pasaba con el chico en su vida: con quiénes estaba viviendo, con quién empezaba a vivir, si sus nombres fueron respetados luego del bautismo o no. Era un no tema”, explicó.

Como para subsanar este silencio, la memoria oficial nos propone un ícono modélico en el que parecieran querer resumirse las historias de todos los niños indígenas en el incipiente Estado argentino: Ceferino Namuncurá.

“Es lo único que conocemos los argentinos como sociedad sobre qué pasó con los niños indígenas luego del sometimiento. Es la historia de un cacique que no sólo se bautiza, sino que se educa con los salesianos y tiene un camino hacia la santidad", sostuvo Delrio.

En ese aspecto añadió que "la historia así contada de Ceferino deja de contar la historia de miles y miles de niños, y estaría mostrando que hasta la misma población indígena reconoce la superioridad, la necesidad, la inevitabilidad del cambio que ha de operarse para pasar a ser un ciudadano argentino con otra lengua, otra cultura, otra religión”.

“Una historia puede ser el silencio de otras y cuando una historia es cada vez más la única historia, es cuando se está construyendo sobre el silencio de los otros”, reflexionó.

Junto a esta memoria oficial, hay una “memoria social” poco explorada que puede ser reconstruida y en la que Delrio focaliza su trabajo: la de las comunidades actuales que atesoran las “historias del retorno”, de los “niños perdidos” que lograron escaparse de los lugares de cautiverio y cuyos relatos fueron reproduciéndose de generación en generación.

Respecto a lo que ocurría con las poblaciones indígenas una vez que se rendían al ejército nacional, Delrio destaca que “eran concentrados en el campamento, se les quitaba su ganado y se consideraba que tanto a los animales como a las personas pasaban a ser propiedad de la tropa. Los tenían bajo vigilancia y luego los trasladaban a campos de concentración más grandes desde donde eran deportados como fuerza de trabajo a diferentes destinos”.

Entre los cautivos se contaban por igual hombres, mujeres y niños. “A los niños se los separaba de sus padres y se los entregaba a familias. Hay manuales en lengua pampa destinado a quienes tenían a su cargo indígenas y ahí se ve que el proyecto era convertirlos en mano de obra para distintos labores. El objetivo primario era que dejen de ser indígenas y por eso el borramiento de la identidad”, señaló a Télam.

El motivo de que la categoría “genocidio” al exterminio de los pueblos indígenas de fines del siglo XIX en la Argentina aún no haya alcanzado pleno consenso entre los investigadores, Delrio lo atribuye al “silencio sobre los eventos del pasado”.

“Ahora si lo analizamos en relación a cada uno de los elementos de la definición que establece la convención de la ONU, todos se cumplen en el caso de los pueblos originaros. No sólo es masacre sino la intención de acabar con un pueblo y la separación de niños en esto, tuvo un rol fundamental”, concluyó.

FUENTE: TELAM

Baraka - Dead Can Dance - The Host Of Seraphim [HD - 1080p]

Desnutrición infantil en Argentina- Multimedios SV

nota de la dra. claudia cesaroni sobre los derechos de los jovenes argentinos condenados a cadena perpetua... por una argentina más justa

JÓVENES CONDENADOS A PRISIÓN PERPETUA: LAS RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 19 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe de fondo Nº 172/10, en el caso 12.651 CÉSAR ALBERTO MENDOZA Y OTROS (Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes) ARGENTINA.



El solo nombre del caso es una vergüenza, más allá de lo que dijera la CIDH. La mera coexistencia del término que define a un grupo de personas menores de 18 años, es decir, de "adolescentes" con las penas de "prisión y reclusión perpetua", debería ser suficiente para provocar escándalo. ¡Adolescentes condenados a prisión perpetua!: eso es inimaginable, contrario a todo el derecho internacional de los derechos humanos, a la idea de que los niños y adolescentes deben ser objetos de protección especial y a que la descarga punitiva nunca puede volcarse de igual modo sobre un adolescente que sobre un adulto.



Cuando los responsables y co-responsables de la última dictadura militar cometieron los delitos de secuestro, torturas, asesinatos, violaciones, robo de niños, la pena máxima era de 25 años de prisión, por lo que tienen derecho a que se no se les aplique una pena superior a ese máximo. Una vez que cumplan la mitad de esa condena, es decir, 12 años y medio de cárcel, tendrán derecho a solicitar salidas transitorias; y cuando cumplan poco más de 16 años presos, tendrán derecho a obtener la libertad condicional.



Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez, César Alberto Mendoza, Cristián Saúl Roldán Cajal y Diego Arce cometieron delitos -graves, pero nunca tanto como un genocidio- cuando tenían 16 y 17 años. Son cinco jóvenes provenientes de familias vulneradas en sus derechos, carentes de contención, víctimas de diferentes formas de abandono. Pero han recibido condenas más graves que las que pueda recibir Videla, o cualquiera de los otros máximos responsables de la dictadura. Sólo podrán solicitar salidas transitorias una vez cumplidos 15 años de cárcel, y libertad condicional, a los 20.



Lucas Mendoza, por ejemplo, que está preso desde que tiene 16, solo podrá tener alguna posibilidad de tener salidas transitorias una vez que haya pasado casi tanto tiempo preso, como el que vivió en libertad. Por supuesto, cada uno de estos jóvenes ha sufrido malos tratos, torturas, arbitrariedades y abusos de todo tipo, durante el tiempo que llevan presos, en cárceles federales (Mendoza, Mendoza, y Núñez), y mendocinas (Roldán Cajal y Arce) En la Penitenciaría de Mendoza, célebre por ser un (mal) ejemplo de establecimiento carcelario, otro joven condenado a prisión perpetua -Ricardo David Videla Fernández- apareció colgado a los 20 años, el 21 de junio de 2005.



Argentina es el único país en el mundo -salvo los Estados Unidos-, que aplica penas de prisión perpetua a adolescentes. Ningún país latinoamericano, ninguno de nuestros hermanos de la Unasur, ni del Mercosur, ni de la OEA, comete tamaña brutalidad. Tampoco, ningún país europeo. Sólo algunos pocos países (en América Latina, solo Costa Rica y algunos estados de México) aplican penas máximas de 15 años de cárcel. La mayoría, establece penas máximas de 5 a 10 años para los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.



No haría falta ningún otro argumento para que quienes tienen alguna responsabilidad en este tema lo resolvieran de una vez, porque estamos hablando de personas que llevan entre 10 y 14 años presas ilegítimamente: parte de su adolescencia y toda su primera juventud.



Pero, por si hiciera falta más, la CIDH ha dicho en el informe de fondo 172/10, que el Estado de Argentina violó "los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 5.6, 7.3 y 19 de la Convención Americana, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández". Es decir:



Art. 5: Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

(...) 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.



Art. 7: Derecho a la Libertad Personal

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.



Art. 19: Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor por parte de su familia, de la sociedad y del estado.



Esto es de una enorme gravedad. Sin embargo, luego de cuatro meses de producido este informe (19 de noviembre de 2010), y de que el Estado recibiera una serie de recomendaciones para resolver los casos, nada ha pasado. Los jóvenes siguen presos, ni siquiera han obtenido alguna salida transitoria, a pesar de que la vienen solicitando hace rato, y en el caso puntual de Lucas Mendoza, que padece una severa disminución visual comprobada por médicos forenses, se le niega el arresto domiciliario solicitado hace años.



El caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde luego de que pase más tiempo, quizá llegue una condena al Estado. ¿Es necesario que eso suceda? ¿Es necesario esperar a que nuestro país aparezca ante el mundo violando los derechos humanos de cinco adolescentes, una violación que comenzó en el mismo momento en que fueron condenados a prisión perpetua, y que se continúa a lo largo del tiempo y de sucesivos gobiernos? ¿Cuál es el sentido de prolongar la angustia y desesperación de estos jóvenes, que saben que tienen razón, pero que siguen presos, y de sus familias -madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas-? ¿Cómo se justifica la contradicción entre todos los proyectos de Régimen Penal Juvenil en estudio en el Congreso, que descartan de plano la imposición de penas de prisión perpetua a adolescentes, con el mantenimiento de estas condenas?

No se entiende, ni se justifica.



Claudia Cesaroni, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Delincuencia Juvenil - Eugenio Zaffaroni